Chile hace frente a la crisis política desatada por los escándalos relacionados con el financiamiento ilegal de campañas
El estallido reciente del volcán Calbuco, uno de los muchos que pueblan Chile, llevó al ensayista Oscar Contardo a escribir en su cuenta en Twitter: "Convengamos que fundar un país en una cornisa de tierra endeble con vista hacia la nada no era la idea más práctica". La cornisa, por estos días, es más que una referencia geológica. Recoge la sensación de crisis de confianza desatada como producto de los escándalos relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas. A ello hay que sumar el caso Caval, negocio inmobiliario que involucra al hijo de la presidenta Bachelet y que también está siendo investigado.
Aunque el déficit de confianza no es algo nuevo en Chile, sí lo es el grado de preocupación que concita. Medido en parámetros OCDE, sólo 13,4% de los chilenos declara que se puede confiar en los demás frente a un promedio de 54,3%. Es por ello que, aunque a los extranjeros les resulte llamativo, se entiende la proliferación de notarías en las que anualmente se realizan cerca de diez millones de consultas y trámites privados. Ante la carencia, se ha tendido a buscar refugios. Primero, en una fortaleza institucional que hoy está horadada. A ello ha contribuido, no sólo el progresivo descrédito del Congreso y los partidos, sino porque los casos de corrupción han salido a la luz gracias a denuncias de empleados despechados y no por controles internos.
En segundo lugar, en la propia Bachelet. Emergió como ministra, con una biografía atada a la historia reciente de Chile y una empatía extraordinaria, durante un gobierno de Ricardo Lagos impactado por el debate sobre el malestar producido por la modernidad liberal, los coletazos de la crisis asiática, las denuncias de pedofilia que afectaron a figuras relevantes de la sociedad chilena y al caso MOP-GATE, que terminó con uno de sus ministros procesados. La tentación a refugiarse en algo se mantiene, pero ahora en la transparencia. Convertida en el nuevo mantra, se corre el riesgo de olvidar aquella frase de Tony Judt según la cual "cuanto más igualitaria es una sociedad, más confianza hay en ella"
Tres encuestas consecutivas coinciden en que el apoyo a la mandataria se ha reducido a poco más del 30%, el más bajo de sus dos mandatos. La caída de sus atributos personales como cercanía y confianza es severa. Su impacto la ha llevado a cambiar su gabinete. Algunos lo interpretan como el refuerzo de la orientación de izquierda por el nombramiento de un segundo ministro comunista. Pero también supone un duro golpe a la promesa de recambio generacional simbolizada en el ex Ministro del Interior y colaborador más cercano, Rodrigo Peñailillo. La decisión se suma a los anuncios que hiciera en días pasados para promover la probidad y la transparencia como fruto del trabajo de una comisión anticorrupción. Se trata de un intento, no solamente por recuperar la iniciativa política antes del próximo 21 de mayo, fecha en que rendirá su segunda cuenta ante la nación, sino por relegitimar la política.
Es por ello que anticipó que el próximo mes de septiembre se dará inicio al proceso constituyente, consistente con su promesa programática de una nueva constitución. Informes como el de Auditoría de la Democracia del PNUD, en 2014, mostró el aumento de los cuestionamientos a la legitimidad de origen de las reglas del juego que rigen el juego político. Los debates sobre el mecanismo, donde los partidarios de una asamblea constituyente se han logrado articular en una bancada parlamentaria, no contribuyen a ver la existencia de desafíos mayores. En el reciente Informe de Desarrollo Humano del PNUD titulado "Los tiempos de la politización", un 67% de la población quiere cambios profundos a la carta fundamental. Además, a un 72% el cambio le parece bastante o muy importante.
Sin embargo, los consultados son ambivalentes. Aunque declaran su deseo de participar en los cambios, ello no se corresponde luego con los niveles efectivos de participación. Para más complejidades, si bien dicho informe declara que Chile asiste a un momento de "politización", entendiendo por tal una demanda social por debatir la redefinición de los límites de lo posible, la política en su expresión institucional experimenta un vaciamiento. Proliferan los poderes autónomos como forma de minimizar la interferencia política, pero ello supone que crecientes áreas de la vida social van quedando excluidas del control democrático. Se observa una tendencia a la judicialización de los conflictos, sobre todo en materia medioambiental y de salud.
Por otra parte, los acuerdos como sustrato de una política democrática que compromete cesiones mutuas han sido demonizados como tratativas cupulares por sectores que se encuentran, tanto de la coalición gobernante como en los medios de comunicación. Sin duda, los nuevos titulares de Hacienda y de Interior llegan para contradecir esta visión.
María de los Ángeles Fernández-Ramil es analista política . Twitter @Mangeles_HM
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