Publicado en Diario Siete, 9 de Febrero del 2006.
Fue suficiente que la ministra designada del Sernam, Laura Albornoz, recordase la denominada Ley de Cuotas, incluida en el programa de la Concertación, para que aflorara el nerviosismo en las distintas tiendas políticas, demostrando tanto una sobrerreacción innecesaria como una pobre disposición a contribuir a los cambios prometidos, materializados hace rato en las sociedades modernas.
Moros y cristianos convergieron en la contienda electoral en que la desigualdad en Chile era escandalosa y que, si bien se requería con premura corregir la desigual distribución del ingreso, también se necesitaba promover la igualdad y la no discriminación asociada a factores tales como el sexo, la etnia, la religión, la nacionalidad y la edad, entre otros. En una sociedad como la chilena, fundar la movilidad social sólo en los méritos resulta insuficiente porque implica perpetuar las desventajas. Pareciera más afortunado acoger la idea de “igualdad compleja”, que implica observar normativamente los distintos eslabones del desarrolla del plan de vida de las personas y no sólo en el impulso inicial. Corregir las políticas sociales es un punto de partida, pero se requieren transformaciones culturales y cambios de mentalidad más profundos.
No es casual que, prematuramente, se instale en el ambiente la preocupación por la mayor presencia de las mujeres en cargos de representación política. Las diferencias en razón del género, si no son las más importantes, son las más emblemáticas. La ciudadanía de las chilenas ha padecido una cierta mutilación, producto de las condiciones particulares de la transición a la democracia, con su autocensura para intervenir en los denominados “temas valóricos”. No cabe duda que el criterio de paridad en el Ejecutivo no sólo es ejemplificador: servirá para estimular una revolución de las expectativas. Por otra parte, pareciera eficaz asociar este debate con las reformas políticas que se abrirán con la modificación del sistema electoral binominal.
Las cuotas son “acciones positivas”. Constituyen un sistema de porcentaje-meta, que parte de la constatación de que persisten desigualdades en el acceso de las mujeres al mundo político. Se trata de una medida de recuperación que tiene a compensar el desequilibrio, creado por la decisión social del trabajo que existe en desmedro de las mujeres, y a compensar el hecho de que no se las tome en cuenta en las distintas áreas de la vida social. Antonia García de León se refiere a ellas como una suerte de “intervención quirúrgica” necesaria ya que, en la competencia política, corren atletas de élite, los hombres, y atletas en fase de entrenamiento, las mujeres. La carrera no está igualada, por lo que se requieren estos correctivos temporales que, dicho sea de paso, son incentivados por los organismos internacionales a los que nuestro país parece hacer caso omiso. Por otra parte, está claramente diagnosticado que la formulación de leyes, políticas y reglas con pretensiones teóricamente universalista… (Incompleto).
Fue suficiente que la ministra designada del Sernam, Laura Albornoz, recordase la denominada Ley de Cuotas, incluida en el programa de la Concertación, para que aflorara el nerviosismo en las distintas tiendas políticas, demostrando tanto una sobrerreacción innecesaria como una pobre disposición a contribuir a los cambios prometidos, materializados hace rato en las sociedades modernas.
Moros y cristianos convergieron en la contienda electoral en que la desigualdad en Chile era escandalosa y que, si bien se requería con premura corregir la desigual distribución del ingreso, también se necesitaba promover la igualdad y la no discriminación asociada a factores tales como el sexo, la etnia, la religión, la nacionalidad y la edad, entre otros. En una sociedad como la chilena, fundar la movilidad social sólo en los méritos resulta insuficiente porque implica perpetuar las desventajas. Pareciera más afortunado acoger la idea de “igualdad compleja”, que implica observar normativamente los distintos eslabones del desarrolla del plan de vida de las personas y no sólo en el impulso inicial. Corregir las políticas sociales es un punto de partida, pero se requieren transformaciones culturales y cambios de mentalidad más profundos.
No es casual que, prematuramente, se instale en el ambiente la preocupación por la mayor presencia de las mujeres en cargos de representación política. Las diferencias en razón del género, si no son las más importantes, son las más emblemáticas. La ciudadanía de las chilenas ha padecido una cierta mutilación, producto de las condiciones particulares de la transición a la democracia, con su autocensura para intervenir en los denominados “temas valóricos”. No cabe duda que el criterio de paridad en el Ejecutivo no sólo es ejemplificador: servirá para estimular una revolución de las expectativas. Por otra parte, pareciera eficaz asociar este debate con las reformas políticas que se abrirán con la modificación del sistema electoral binominal.
Las cuotas son “acciones positivas”. Constituyen un sistema de porcentaje-meta, que parte de la constatación de que persisten desigualdades en el acceso de las mujeres al mundo político. Se trata de una medida de recuperación que tiene a compensar el desequilibrio, creado por la decisión social del trabajo que existe en desmedro de las mujeres, y a compensar el hecho de que no se las tome en cuenta en las distintas áreas de la vida social. Antonia García de León se refiere a ellas como una suerte de “intervención quirúrgica” necesaria ya que, en la competencia política, corren atletas de élite, los hombres, y atletas en fase de entrenamiento, las mujeres. La carrera no está igualada, por lo que se requieren estos correctivos temporales que, dicho sea de paso, son incentivados por los organismos internacionales a los que nuestro país parece hacer caso omiso. Por otra parte, está claramente diagnosticado que la formulación de leyes, políticas y reglas con pretensiones teóricamente universalista… (Incompleto).
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