La Tercera, 24 de mayo de 2007
La Presidenta lo ha expresado repetidamente: aspira a sentar las bases de un sistema de protección social para Chile. Es ésta una empresa política que, además de suponer una alternativa moral para todos los que habitamos este país, debiera ser lo que realmente importa. Escudados, consciente o inconscientemente en la ideología meritocrática liberal, hemos venido circulando por la vida en términos de incentivos, mercado, éxito y competitividad. Dicho de otra forma: cada cual se rasca con sus propias uñas. En algún lugar se nos ha extraviado la noción elemental, reconocida constitucionalmente, de que las personas somos seres que poseemos dignidad y derechos.
La idea de protección social encara las transformaciones sociales en curso: los ciudadanos, no sólo son más exigentes, impacientes e informados, sino que experimentan nuevos riesgos y amenazas. Han surgido segmentos no pobres vulnerables-entre los cuales pudiera estar ud. que me lee, muy seguramente-sin herramientas para enfrentar los bajos ingresos o la inestabilidad laboral, por ejemplo. Avanzar en una política social fundada en derechos ciudadanos algo tiene que ver, también, con la denominada ?ética del cuidado?, muy propia de las mujeres, basada en una visión progresista de lo social, que reconoce que habitamos un espacio común compartido, con una ciudadanía activa y el estímulo del vínculo interpersonal.
Adicionalmente, se ha ido instalado el sentido común acerca de la necesidad de impulsar una nueva racionalidad en la prestación de los bienes públicos, donde la cautela macroeconómica sea un medio y no un fin en sí misma, lo que facilita el cumplimiento de esta tarea. El notable incremento del gasto público, por los mismos argumentos morales que hemos planteado, obliga a afinar-a nivel de joyería-los instrumentos de control y evaluación del mismo. Ronda en el aire una inquietud, casi metafísica, acerca de si los anuncios serán suficientes para alinear a las huestes concertacionistas.
Es de esperar que toda nuestra clase política, tan reconocida mundialmente, esté a la altura del desafío de contribuir en la tarea de determinar qué derechos son para todos, cómo se garantizan y cómo se viabilizan. Una coalición de partidos como la que tenemos es un artefacto raro, poco conocido científicamente. No hay recetarios acerca de cómo se puede ordenar. Sin embargo, colaborar históricamente al logro de niveles crecientes y efectivos de protección social, gravitando en torno a educación, vivienda, pensiones y emprendimiento e innovación, debiera ser un aliente suficiente para cualquier político, además de un motivo de orgullo para todos los chilenos.
La Presidenta lo ha expresado repetidamente: aspira a sentar las bases de un sistema de protección social para Chile. Es ésta una empresa política que, además de suponer una alternativa moral para todos los que habitamos este país, debiera ser lo que realmente importa. Escudados, consciente o inconscientemente en la ideología meritocrática liberal, hemos venido circulando por la vida en términos de incentivos, mercado, éxito y competitividad. Dicho de otra forma: cada cual se rasca con sus propias uñas. En algún lugar se nos ha extraviado la noción elemental, reconocida constitucionalmente, de que las personas somos seres que poseemos dignidad y derechos.
La idea de protección social encara las transformaciones sociales en curso: los ciudadanos, no sólo son más exigentes, impacientes e informados, sino que experimentan nuevos riesgos y amenazas. Han surgido segmentos no pobres vulnerables-entre los cuales pudiera estar ud. que me lee, muy seguramente-sin herramientas para enfrentar los bajos ingresos o la inestabilidad laboral, por ejemplo. Avanzar en una política social fundada en derechos ciudadanos algo tiene que ver, también, con la denominada ?ética del cuidado?, muy propia de las mujeres, basada en una visión progresista de lo social, que reconoce que habitamos un espacio común compartido, con una ciudadanía activa y el estímulo del vínculo interpersonal.
Adicionalmente, se ha ido instalado el sentido común acerca de la necesidad de impulsar una nueva racionalidad en la prestación de los bienes públicos, donde la cautela macroeconómica sea un medio y no un fin en sí misma, lo que facilita el cumplimiento de esta tarea. El notable incremento del gasto público, por los mismos argumentos morales que hemos planteado, obliga a afinar-a nivel de joyería-los instrumentos de control y evaluación del mismo. Ronda en el aire una inquietud, casi metafísica, acerca de si los anuncios serán suficientes para alinear a las huestes concertacionistas.
Es de esperar que toda nuestra clase política, tan reconocida mundialmente, esté a la altura del desafío de contribuir en la tarea de determinar qué derechos son para todos, cómo se garantizan y cómo se viabilizan. Una coalición de partidos como la que tenemos es un artefacto raro, poco conocido científicamente. No hay recetarios acerca de cómo se puede ordenar. Sin embargo, colaborar históricamente al logro de niveles crecientes y efectivos de protección social, gravitando en torno a educación, vivienda, pensiones y emprendimiento e innovación, debiera ser un aliente suficiente para cualquier político, además de un motivo de orgullo para todos los chilenos.
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