El Mercurio, 30 de agosto de 2006 (escrito con Marcela Ríos)
La persistente subrepresentación parlamentaria de las mujeres es, en buena parte, producto de las oportunidades y barreras que emergen del actual sistema.
El gobierno de la Presidenta Bachelet ha tomado en serio la necesidad de reformar el sistema electoral. Es ésta una vieja deuda de la Concertación y un lastre político permanente. Aunque se mantienen las dificultades y las resistencias, su viabilidad se percibe hoy menos lejana. La idea del plebiscito, por otra parte, la ha colocado en un horizonte de posibilidad.
Una reforma electoral no es cosa de todos los días. Por su carácter excepcional, su complejidad técnica y política, así como por los principios que están en juego, no está exenta de una cierta épica histórica que muchos sectores todavía no alcanzan a comprender.
Un elemento medular es el logro de un acuerdo sobre los principios y objetivos que la sustenten. Existe un relativo consenso en la materia: igualdad en el poder del voto entre electores, competencia real entre los partidos, representatividad y gobernabilidad. El dilema que permanece pendiente es el de la representación. El que el sistema binominal produzca una proporcionalidad aceptable en términos agregados entre votos/escaños para las dos primeras listas en competencia no significa que genere una representación adecuada de los intereses de la sociedad. Todas las fuerzas políticas significativas debieran tener la opción de estar representadas en el hemiciclo, lo que ahora no sucede. Ello no se agota en la dimensión geográfica. Contempla también la necesidad de la inclusión, a través de la dimensión de género.
La persistente subrepresentación parlamentaria de las mujeres es, en buena parte, producto de las oportunidades y barreras que emergen del actual sistema. Está demostrada la fuerte correlación entre los tipos de sistemas electorales y el grado de inclusión de las mujeres. Los sistemas de representación proporcional, con alta magnitud de distritos y listas cerradas, tienden a tener, en promedio, un porcentaje mucho mayor de mujeres electas que los sistemas mayoritarios puros. Más aún, según los datos de la Unión Interparlamentaria, todos los países que han superado niveles superiores al 30 por ciento de mujeres en sus respectivos parlamentos tienen alguna variante de sistemas proporcionales o mixtos. El hecho de que sea ese tipo de sistemas el más favorable para la implementación de medidas de acción positiva como las cuotas ha contribuido fuertemente en la consecución de esos resultados. Chile está muy lejos de tal realidad. Con un 12,6 por ciento de parlamentarias, nos encontramos por debajo de todos los promedios, tanto a nivel mundial como en la región.
Si bien es grave que las terceras fuerzas que representan entre el cinco y el 10 por ciento de la población estén sistemáticamente excluidas de la representación, no es menos preocupante que las mujeres -que constituyen la mitad de la población del país y cerca del 53 por ciento de los electores- sean igualmente excluidas. Un Parlamento de calidad debe incluir a todos los talentos.
En el seno de la Comisión Boeninger apoyamos una propuesta de reforma que considerara la equidad de género y la igualdad de oportunidades en la competencia política como criterios fundamentales para definir una fórmula electoral. Se logró la aprobación, por unanimidad, de la propuesta de legislar para asegurar que las listas presentadas por los partidos incluyeran un equilibrio de género, dejando al legislador la responsabilidad de traducir ese criterio en un porcentaje numérico.
Que la propuesta específica de esa comisión no haya sido aceptada no significa que los principios que ahí se proponían y que los problemas pendientes hayan dejado de estar vigentes. Es de esperar que en el nuevo escenario los actores en juego sean sensibles políticamente a esta inexcusable dimensión de la reforma.
La persistente subrepresentación parlamentaria de las mujeres es, en buena parte, producto de las oportunidades y barreras que emergen del actual sistema.
El gobierno de la Presidenta Bachelet ha tomado en serio la necesidad de reformar el sistema electoral. Es ésta una vieja deuda de la Concertación y un lastre político permanente. Aunque se mantienen las dificultades y las resistencias, su viabilidad se percibe hoy menos lejana. La idea del plebiscito, por otra parte, la ha colocado en un horizonte de posibilidad.
Una reforma electoral no es cosa de todos los días. Por su carácter excepcional, su complejidad técnica y política, así como por los principios que están en juego, no está exenta de una cierta épica histórica que muchos sectores todavía no alcanzan a comprender.
Un elemento medular es el logro de un acuerdo sobre los principios y objetivos que la sustenten. Existe un relativo consenso en la materia: igualdad en el poder del voto entre electores, competencia real entre los partidos, representatividad y gobernabilidad. El dilema que permanece pendiente es el de la representación. El que el sistema binominal produzca una proporcionalidad aceptable en términos agregados entre votos/escaños para las dos primeras listas en competencia no significa que genere una representación adecuada de los intereses de la sociedad. Todas las fuerzas políticas significativas debieran tener la opción de estar representadas en el hemiciclo, lo que ahora no sucede. Ello no se agota en la dimensión geográfica. Contempla también la necesidad de la inclusión, a través de la dimensión de género.
La persistente subrepresentación parlamentaria de las mujeres es, en buena parte, producto de las oportunidades y barreras que emergen del actual sistema. Está demostrada la fuerte correlación entre los tipos de sistemas electorales y el grado de inclusión de las mujeres. Los sistemas de representación proporcional, con alta magnitud de distritos y listas cerradas, tienden a tener, en promedio, un porcentaje mucho mayor de mujeres electas que los sistemas mayoritarios puros. Más aún, según los datos de la Unión Interparlamentaria, todos los países que han superado niveles superiores al 30 por ciento de mujeres en sus respectivos parlamentos tienen alguna variante de sistemas proporcionales o mixtos. El hecho de que sea ese tipo de sistemas el más favorable para la implementación de medidas de acción positiva como las cuotas ha contribuido fuertemente en la consecución de esos resultados. Chile está muy lejos de tal realidad. Con un 12,6 por ciento de parlamentarias, nos encontramos por debajo de todos los promedios, tanto a nivel mundial como en la región.
Si bien es grave que las terceras fuerzas que representan entre el cinco y el 10 por ciento de la población estén sistemáticamente excluidas de la representación, no es menos preocupante que las mujeres -que constituyen la mitad de la población del país y cerca del 53 por ciento de los electores- sean igualmente excluidas. Un Parlamento de calidad debe incluir a todos los talentos.
En el seno de la Comisión Boeninger apoyamos una propuesta de reforma que considerara la equidad de género y la igualdad de oportunidades en la competencia política como criterios fundamentales para definir una fórmula electoral. Se logró la aprobación, por unanimidad, de la propuesta de legislar para asegurar que las listas presentadas por los partidos incluyeran un equilibrio de género, dejando al legislador la responsabilidad de traducir ese criterio en un porcentaje numérico.
Que la propuesta específica de esa comisión no haya sido aceptada no significa que los principios que ahí se proponían y que los problemas pendientes hayan dejado de estar vigentes. Es de esperar que en el nuevo escenario los actores en juego sean sensibles políticamente a esta inexcusable dimensión de la reforma.
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