El Mercurio, 7 de enero de 2007
Las percepciones ciudadanas frente a los fenómenos de corrupción que han agitado el paisaje político en los últimos meses se asemejan al "fin de la inocencia".
MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ
Los resultados de la encuesta CEP de diciembre del 2006 vienen a ser, para el Gobierno, el ansiado "aprobado" que un estudiante que se esfuerza recibe a fin de año. Si ponemos atento oído a los discursos de la Presidenta Bachelet, siempre se refiere a la fuerza con que están acometiendo los distintos proyectos. Ella ha sabido superar los aires difíciles que le han salido al paso, con más fortuna que menos, y el saldo final del respaldo ciudadano está a la vista: 52%, seis puntos más que lo que arrojaba el estudio anterior, realizado a mediados de año y que es consistente con otros estudios realizados durante estos meses.
A pesar de ello, algunos analistas insisten en ver el vaso medio vacío. No es fácil gobernar en tiempos de cólera. Se ha llegado, incluso, a hablar de la "inmunidad femenina" de la Presidenta, haciendo alusión no sólo a que logra salir impoluta del desorden reinante en el conglomerado que le sirve de apoyo sino que, supuestamente, habría tomado la decisión expresa de no intervenir, esperando que las huestes se ordenen solas, que ya para eso estarían grandecitas. El calificativo "femenina" no está exento de cierta insidia política cuando no de sesgo machista. Si hacemos memoria, durante el período del presidente Lagos hubo más de una tormenta concertacionista y los mismos "opinion-makers" criticaban la prescindencia del entonces Presidente, acusándolo de pensar un tanto egoístamente en acrecentar su popularidad más que en insuflarle oxígeno a los partidos de gobierno. Jamás se recurrió al adjetivo "masculino" para aludir a este comportamiento.
Las percepciones ciudadanas frente a los fenómenos de corrupción que han agitado el paisaje político en los últimos meses se asemejan al "fin de la inocencia". ¿No éramos el país mejor posicionado en materia de probidad del continente en prestigiosos ranking como el de Transparencia Internacional? De repente, hemos despertado a la cruel realidad, a pesar de que la experiencia personal arrojaría que el 89% no ha tenido que pagar alguna coima o hacer algún favor para conseguir un servicio público. Cabría preguntarse hasta qué punto los hechos acaecidos, si bien son graves, no están un tanto magnificados por los medios de comunicación. Es importante sopesar las consecuencias, aunque no con el ánimo de que no sean denunciados: en todos los países donde se han producido escándalos políticos, producto de la siempre conflictiva relación entre dinero y poder, terminan afectándose las representaciones que los ciudadanos se hacen, no sólo de los gobernantes sino del poder mismo. La legitimidad es, para la democracia, lo que permanece al final del día. En este marco cabe destacar que mientras la Presidenta Bachelet concita el 59% de la confianza, ésta es más matizada a la hora de la pregunta por la concreción de las medidas: no cree el 45% versus el 48%. Cómo incide todo esto en las dinámicas sociopolíticas de la democracia chilena, es algo que está por verse.
Otro elemento de preocupación, aunque no de novedad, es la percepción de instituciones como los partidos políticos, los tribunales de justicia y el Congreso. El sistema político, ese eterno olvidado de la transición y al que se le hacía uno que otro retoque, a través de las sucesivas reformas a la Constitución, ha recibido atención por parte de la Presidenta, quien incorporó un acápite relacionado con la calidad de la política en las medidas del plan anticorrupción que ella misma está gerenteando. ¿Serán suficientes? El foco está situado en la transparencia del manejo financiero aunque, de paso, promoverá la regulación de las primarias como una forma de democratizar las decisiones de los partidos. Sin embargo, quizá es necesaria una visión más sistémica, que aborde otros aspectos, como sería una nueva legislación para que los conciba, no con un rol complementario o como algo a lo que hay que poner cortapisas, sino con un papel fundamental en el andamiaje político-constitucional de la democracia.
La oposición se ve, nuevamente, desafiada por el resultado: un más que discreto 24% aprueba su desempeño. ¿No será la hora de que deje de ser como el perro del hortelano? La ciudadanía está dando las pistas necesarias: un 82% piensa que Gobierno y oposición deben trabajar unidos y el 57% responsabiliza a ambos si las medidas no llegan a concretarse. La estrategia opositora de las dagas voladoras, acentuando los problemas de la Concertación, especialmente en la corrupción, no está dando en el blanco. La calidad de una democracia no depende sólo de la virtud de su gobierno o de la interacción de éste con la oposición sino de modo muy especial de la capacidad crítica, propositiva y conciliadora de esta última.
Las percepciones ciudadanas frente a los fenómenos de corrupción que han agitado el paisaje político en los últimos meses se asemejan al "fin de la inocencia".
MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ
Los resultados de la encuesta CEP de diciembre del 2006 vienen a ser, para el Gobierno, el ansiado "aprobado" que un estudiante que se esfuerza recibe a fin de año. Si ponemos atento oído a los discursos de la Presidenta Bachelet, siempre se refiere a la fuerza con que están acometiendo los distintos proyectos. Ella ha sabido superar los aires difíciles que le han salido al paso, con más fortuna que menos, y el saldo final del respaldo ciudadano está a la vista: 52%, seis puntos más que lo que arrojaba el estudio anterior, realizado a mediados de año y que es consistente con otros estudios realizados durante estos meses.
A pesar de ello, algunos analistas insisten en ver el vaso medio vacío. No es fácil gobernar en tiempos de cólera. Se ha llegado, incluso, a hablar de la "inmunidad femenina" de la Presidenta, haciendo alusión no sólo a que logra salir impoluta del desorden reinante en el conglomerado que le sirve de apoyo sino que, supuestamente, habría tomado la decisión expresa de no intervenir, esperando que las huestes se ordenen solas, que ya para eso estarían grandecitas. El calificativo "femenina" no está exento de cierta insidia política cuando no de sesgo machista. Si hacemos memoria, durante el período del presidente Lagos hubo más de una tormenta concertacionista y los mismos "opinion-makers" criticaban la prescindencia del entonces Presidente, acusándolo de pensar un tanto egoístamente en acrecentar su popularidad más que en insuflarle oxígeno a los partidos de gobierno. Jamás se recurrió al adjetivo "masculino" para aludir a este comportamiento.
Las percepciones ciudadanas frente a los fenómenos de corrupción que han agitado el paisaje político en los últimos meses se asemejan al "fin de la inocencia". ¿No éramos el país mejor posicionado en materia de probidad del continente en prestigiosos ranking como el de Transparencia Internacional? De repente, hemos despertado a la cruel realidad, a pesar de que la experiencia personal arrojaría que el 89% no ha tenido que pagar alguna coima o hacer algún favor para conseguir un servicio público. Cabría preguntarse hasta qué punto los hechos acaecidos, si bien son graves, no están un tanto magnificados por los medios de comunicación. Es importante sopesar las consecuencias, aunque no con el ánimo de que no sean denunciados: en todos los países donde se han producido escándalos políticos, producto de la siempre conflictiva relación entre dinero y poder, terminan afectándose las representaciones que los ciudadanos se hacen, no sólo de los gobernantes sino del poder mismo. La legitimidad es, para la democracia, lo que permanece al final del día. En este marco cabe destacar que mientras la Presidenta Bachelet concita el 59% de la confianza, ésta es más matizada a la hora de la pregunta por la concreción de las medidas: no cree el 45% versus el 48%. Cómo incide todo esto en las dinámicas sociopolíticas de la democracia chilena, es algo que está por verse.
Otro elemento de preocupación, aunque no de novedad, es la percepción de instituciones como los partidos políticos, los tribunales de justicia y el Congreso. El sistema político, ese eterno olvidado de la transición y al que se le hacía uno que otro retoque, a través de las sucesivas reformas a la Constitución, ha recibido atención por parte de la Presidenta, quien incorporó un acápite relacionado con la calidad de la política en las medidas del plan anticorrupción que ella misma está gerenteando. ¿Serán suficientes? El foco está situado en la transparencia del manejo financiero aunque, de paso, promoverá la regulación de las primarias como una forma de democratizar las decisiones de los partidos. Sin embargo, quizá es necesaria una visión más sistémica, que aborde otros aspectos, como sería una nueva legislación para que los conciba, no con un rol complementario o como algo a lo que hay que poner cortapisas, sino con un papel fundamental en el andamiaje político-constitucional de la democracia.
La oposición se ve, nuevamente, desafiada por el resultado: un más que discreto 24% aprueba su desempeño. ¿No será la hora de que deje de ser como el perro del hortelano? La ciudadanía está dando las pistas necesarias: un 82% piensa que Gobierno y oposición deben trabajar unidos y el 57% responsabiliza a ambos si las medidas no llegan a concretarse. La estrategia opositora de las dagas voladoras, acentuando los problemas de la Concertación, especialmente en la corrupción, no está dando en el blanco. La calidad de una democracia no depende sólo de la virtud de su gobierno o de la interacción de éste con la oposición sino de modo muy especial de la capacidad crítica, propositiva y conciliadora de esta última.
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